Escucha su corazón: el proyecto que reabre el debate sobre el aborto en tres causales

La iniciativa busca modificar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para incorporar un nuevo requisito dentro del proceso de consentimiento informado. Mientras sus autores aseguran que pretende entregar más información a las pacientes, el Colegio Médico y diversas organizaciones advierten que podría transformarse en una barrera para acceder a una prestación garantizada por la legislación vigente.

El proyecto de ley denominado “Escucha su corazón” volvió a instalar el debate sobre el aborto en tres causales en Chile. La moción parlamentaria propone modificar el artículo 119 del Código Sanitario para establecer que, cuando sea posible detectar actividad cardíaca embrionaria o fetal, el médico tratante deba informar ese hecho a la paciente y ofrecerle escuchar los latidos antes de realizar una interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, el punto que ha generado mayor controversia es que el texto también señala que, si la mujer o niña rechaza escuchar la actividad cardíaca, el profesional deberá abstenerse de practicar el procedimiento, lo que ha sido interpretado por distintos sectores como una restricción adicional para acceder a un derecho contemplado por la Ley N.º 21.030.

Actualmente, la legislación permite la interrupción voluntaria del embarazo únicamente en tres causales: cuando existe riesgo vital para la mujer, cuando el feto presenta una patología incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo es consecuencia de una violación.

¿Qué busca el proyecto?

La iniciativa fue presentada por los diputados Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré, del Partido Nacional Libertario; Chiara Barchiesi, Catalina del Real y Claudia Reyes, del Partido Republicano; además de Ximena Ossandón (Renovación Nacional), quien posteriormente retiró su patrocinio tras señalar que desconocía el alcance de una de las disposiciones incorporadas en el texto.

Los autores sostienen que el proyecto busca fortalecer el consentimiento informado, permitiendo que la paciente adopte su decisión con todos los antecedentes disponibles sobre el embarazo.

El diputado Cristóbal Urruticoechea, uno de los impulsores de la iniciativa, ha señalado que conocer la existencia de actividad cardíaca constituye información relevante desde el punto de vista médico y ético, y que el proyecto pretende reforzar la protección de la vida del que está por nacer. Asimismo, ha reiterado públicamente su oposición a la actual legislación sobre aborto en tres causales.

Las críticas al proyecto

La propuesta ha recibido cuestionamientos desde organizaciones vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos, especialistas en salud y parlamentarios de distintos sectores.

Uno de los principales reparos apunta a que el proyecto condicionaría el acceso a una prestación de salud garantizada por la ley, al establecer que el procedimiento no podría realizarse si la paciente rechaza escuchar los latidos embrionarios o fetales.

Los detractores sostienen que esta exigencia podría afectar especialmente a mujeres y niñas que enfrentan situaciones altamente complejas, como embarazos producto de una violación o casos de inviabilidad fetal, generando una carga emocional adicional durante el proceso.

También advierten que la iniciativa modifica el espíritu de la legislación vigente, al incorporar un requisito que actualmente no forma parte del procedimiento de consentimiento informado.

La postura del Colegio Médico

El Colegio Médico de Chile (Colmed) manifestó su rechazo a la iniciativa, argumentando que el consentimiento informado debe sustentarse en criterios clínicos y en el respeto por la autonomía de las pacientes, sin transformarse en un mecanismo que limite el acceso a prestaciones de salud establecidas por la legislación.

Desde el gremio señalaron que obligar a ofrecer la escucha de la actividad cardíaca, y condicionar la realización del procedimiento a la aceptación de ese acto, representa una modificación sustancial de la Ley N.º 21.030. Asimismo, advirtieron que la medida podría generar presión emocional innecesaria sobre mujeres y niñas que ya enfrentan circunstancias especialmente complejas.