Luego del rechazo del Concejo Municipal de Colina a la contratación directa propuesta para desarrollar las celebraciones de Fiestas Patrias en el Parque San Miguel, algunos concejales entregaron sus argumentos respecto de la decisión y cuestionaron la forma en que se desarrolló el proceso administrativo.
La situación se originó luego de que el proceso de licitación para la producción del evento no lograra concretarse. Posteriormente, se planteó la alternativa de recurrir a un trato directo, mecanismo que finalmente no obtuvo los votos necesarios para avanzar.
Es importante precisar que esta situación afecta específicamente a la celebración que estaba contemplada en el Parque San Miguel, mientras que otras actividades de Fiestas Patrias programadas en distintos sectores de la comuna sí se mantienen.
Carlos Andrews: “Se licitó tarde”
El concejal aseguró que desde diciembre del año pasado habían solicitado a la alcaldesa abrir una instancia de trabajo con el Concejo Municipal para analizar alternativas para las Fiestas Patrias, entre ellas un modelo de concesión similar al utilizado en Santiago. Sin embargo, sostuvo que no existió una reunión para abordar estas opciones y que finalmente la licitación se realizó tardíamente.
Respecto del trato directo, Andrews afirmó que, tras revisar los antecedentes y realizar consultas a especialistas, consideró que la alternativa no era procedente. El concejal lamentó además el impacto que la situación podría tener en los emprendedores que esperaban trabajar en el Parque San Miguel y pidió que sean reubicados en otros sectores de la comuna. “Ellos no son culpables de una mala administración municipal”, señaló, comparando la situación con otros procesos que, a su juicio, también fueron licitados fuera de plazo.
Lorena Rojas: “No es un rechazo a nuestras tradiciones”
Por su parte, la concejala enfatizó que su voto no representa un rechazo a las Fiestas Patrias, sino a la forma en que se desarrolló el proceso de licitación y a la posterior propuesta de recurrir a un trato directo por cerca de $600 millones.
Rojas sostuvo que una decisión que involucra una cantidad importante de recursos municipales debe contar con planificación, transparencia y responsabilidad. Además, descartó que su postura respondiera a criterios políticos, señalando que su deber como concejala es fiscalizar y resguardar el correcto uso de los recursos públicos: “Celebrar nuestras tradiciones es importante, pero también lo es hacerlo con responsabilidad, transparencia y sin populismo”, afirmó.